En un reciente descubrimiento en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, los trabajos de búsqueda de restos humanos han revelado la presencia de sosa cáustica en el subsuelo, una sustancia extremadamente corrosiva capaz de disolver tejidos blandos y de dificultar la labor de los perros en las labores de rastreo. Este hallazgo, realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda junto al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, ha arrojado más luces sobre las actividades ilícitas que tuvieron lugar en el lugar, que se presume fue utilizado como un campo de exterminio por grupos criminales desde 2012.
Durante una transmisión en vivo del colectivo en su página de Facebook, uno de los investigadores explicó cómo, mediante tecnologías avanzadas, detectaron la presencia de sosa cáustica a través de un análisis satelital y de incendios. Este hallazgo ha fortalecido las sospechas sobre la naturaleza del rancho, que ahora parece ser parte de una vasta red de actividades criminales que involucraban secuestros, torturas y desapariciones forzadas.
Los activistas también dieron a conocer que se han identificado al menos cuatro hornos clandestinos en el sitio y que las evidencias apuntan a la existencia de una fosa común, lo que podría convertir al lugar en una gigantesca tumba clandestina. Además, se han encontrado prendas de vestir y otros objetos personales de las víctimas, lo que ha permitido a muchas personas identificar a sus seres queridos desaparecidos.
Uno de los testimonios más desgarradores es el de Lupita, madre de un joven desaparecido en 2022. Ella llegó al rancho con la esperanza de encontrar a su hijo, pero jamás imaginó que se encontraría con la magnitud del horror que allí se había vivido. Las investigaciones siguen, y aunque la Fiscalía General de la República ha atraído el caso, aún quedan muchas preguntas por responder sobre la responsabilidad de las autoridades en este macabro hallazgo.
El caso ha trascendido a nivel nacional e internacional, y ha puesto en evidencia las omisiones de las autoridades locales en la vigilancia de este campamento de exterminio, lo que ha generado un llamado a la acción por parte de la sociedad y los legisladores para que los responsables rindan cuentas.
