En un reciente desarrollo de la investigación sobre el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, madres y colectivos de búsqueda de desaparecidos acusaron a las autoridades de manipular la escena antes de permitir su acceso. La Fiscalía General de la República (FGR) había autorizado una visita a este terreno, que se presume es un centro de entrenamiento y posible fosa clandestina del crimen organizado, sin embargo, al llegar, las buscadoras y los medios de comunicación encontraron que la evidencia previamente hallada en el lugar ya no estaba disponible.
Los objetos personales, como zapatos, ropa, mochilas e identificaciones, que habían sido encontrados en el rancho, ya no estaban presentes cuando se realizó la visita el 20 de marzo de 2025. Según fuentes de la FGR, toda la evidencia fue retirada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco y ahora está bajo su resguardo, al igual que los restos óseos que fueron encontrados en el lugar. Estas desapariciones de evidencia fueron vistas como un intento de ocultar pruebas cruciales para los familiares de las víctimas de desapariciones.
Durante la visita, los colectivos de buscadores y los periodistas fueron restringidos en su acceso al rancho, que cuenta con varias construcciones en un terreno de 11,000 metros cuadrados. Aunque se habían encontrado prendas y objetos en una de las estructuras más grandes del predio, estos ya no estaban cuando se realizó el recorrido. Las autoridades, que acordonaron varias zonas del rancho, explicaron que las fosas encontradas por los Guerreros Buscadores estaban siendo preservadas para evitar la contaminación de la escena. Sin embargo, las madres buscadoras expresaron su frustración al considerar que este evento había sido más un «tour turístico» que una verdadera búsqueda de justicia.
Uno de los momentos más críticos del recorrido ocurrió cuando algunos familiares de desaparecidos comenzaron a descubrir objetos adicionales entre la tierra y piedras del lugar, como calcetines y mochilas, que no estaban catalogados como evidencia. Los familiares denunciaron que esto era una muestra más de la falta de organización y el manejo deficiente del caso. Carmen, una de las integrantes de las Madres Buscadoras de Jalisco, calificó la situación como una «burla» para las familias que buscan a sus seres queridos.
Además, los testimonios de los buscadores apuntan a que el rancho podría haber sido utilizado como un centro de adiestramiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal de gran poder en la región. Las evidencias físicas como llantas y alambres en el terreno, junto con las instalaciones improvisadas, indican que se habrían realizado prácticas militares en el lugar. También se sospecha que el rancho habría funcionado como un sitio de reclutamiento, en el que cientos de jóvenes, muchos de ellos desaparecidos, habrían sido llevados bajo engaños o forzados a participar.
La polémica sigue creciendo mientras la Fiscalía General del Estado de Jalisco evalúa la posibilidad de que el caso sea federalizado, es decir, que sea asumido directamente por la Fiscalía General de la República. A pesar de los esfuerzos de los colectivos y las constantes denuncias de irregularidades, la situación sigue siendo incierta y los familiares de las víctimas temen que se sigan perdiendo evidencias cruciales para la resolución de los casos de desapariciones forzadas en la región.
La visita al Rancho Izaguirre ha dejado una sensación de desconfianza entre los familiares y activistas, quienes exigen que las autoridades actúen con más seriedad y transparencia en la búsqueda de justicia para las víctimas de desaparición forzada. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de la investigación persiste, mientras se espera la decisión de la FGR sobre si tomará el control total del expediente.
