El debate sobre dos iniciativas clave en materia de seguridad pública enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados fue pospuesto por segunda vez, lo que ha generado expectación sobre los próximos pasos en la legislación de seguridad del país. Las iniciativas, que incluyen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Sistemas de Investigación e Inteligencia, abordan puntos cruciales en la estrategia de seguridad y requieren un análisis exhaustivo para asegurar un consenso nacional.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, explicó que esta pausa en la discusión es necesaria para permitir más tiempo de diálogo y negociación. A través de un mensaje en redes sociales, Monreal destacó que es fundamental alcanzar un acuerdo amplio, buscando la mayoría y, si es posible, la unanimidad en la aprobación de las leyes. Reconoció que la seguridad es uno de los problemas más urgentes del país, lo que hace de estas reformas una prioridad para el Congreso.
Las dos leyes propuestas por Sheinbaum buscan fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad pública, tanto a nivel federal como estatal. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se enfoca en la obligación de compartir información entre las fuerzas de seguridad para combatir delitos graves como el secuestro, la extorsión y el homicidio. Además, establece mecanismos que respetan los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos, mientras optimizan la operatividad de los centros de comando y control de las instituciones de seguridad.
Una de las innovaciones clave de esta iniciativa es la inclusión formal de la Guardia Nacional como parte integral del sistema de seguridad pública. También propone una política nacional de acreditación y certificación de las instituciones de seguridad pública, ampliando los fondos federales destinados a estas actividades y creando mecanismos de supervisión para asegurar su correcto uso.
Por otro lado, la Ley General de Sistemas de Investigación e Inteligencia pretende mejorar la interconexión de los sistemas de inteligencia a nivel federal, estatal y municipal. Esta ley también se enfoca en la planificación y coordinación de estrategias de seguridad, promoviendo el uso de tecnología e innovación para prevenir y combatir delitos de alto impacto. Además, introduce la creación de una unidad central encargada de gestionar plataformas digitales, procesar datos y generar productos de inteligencia.
El aplazamiento de la discusión refleja la importancia de llegar a un consenso amplio y bien fundamentado, ya que se trata de dos piezas clave en el diseño de una política de seguridad más eficiente y moderna. La colaboración y los ajustes necesarios entre los diferentes actores políticos y sociales serán determinantes para la efectividad de estas reformas en la lucha contra la criminalidad en el país.
